I. Introducción🔗
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Convención sobre el Genocidio) fue el primer tratado internacional de derechos humanos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El artículo I tipifica el genocidio como delito de derecho internacional, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, y no sólo obliga a los Estados a no cometer genocidio, sino también a prevenirlo y castigarlo. El artículo II define el delito de genocidio como «cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal»:
- Matanza de miembros del grupo;
- Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
- Sometiendo intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
- Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
- Traslado por fuerza de niños a otro grupo.1
En virtud del artículo III, son punibles los siguientes actos:
- El genocidio;
- La asociación para cometer genocidio;
- La instigación directa y pública a cometer genocidio;
- La tentativa de genocidio;
- La complicidad en el genocidio.
Las obligaciones de la Convención sobre el genocidio son erga omnes (lo que significa que se aplican a todos los Estados, independientemente de si son parte o no en la Convención),2 erga omnes partes (lo que significa que un Estado parte debe asegurarse que otros Estados también cumplan con sus compromisos),3 y normas internacionales imperativas (jus cogens) que no admiten excepción.4 Los principios subyacentes a la Convención son fundamentales y ampliamente reconocidos por la comunidad internacional como vinculantes para todos los Estados, incluso en ausencia de obligación convencional.5
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) resuelve las controversias entre los Estados Partes relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la Convención sobre el Genocidio.6 La naturaleza erga omnes partes de las obligaciones de la Convención sobre el Genocidio permite a cualquier Estado Parte entablar un procedimiento ante la CIJ en relación con la presunta responsabilidad de otro Estado Parte por una violación de la Convención.7 Para ello, no es necesario que el primer Estado se haya visto «especialmente afectado» por dicha violación; por ejemplo, no necesita demostrar que alguna de las víctimas de la presunta violación fuera de su nacionalidad.8 Todos los Estados Partes en el Convenio tienen un interés común en garantizar la prevención, la represión y el castigo del genocidio.9
Sin embargo, el carácter erga omnes de sus obligaciones no afecta a la regla de que los Estados deben consentir a la jurisdicción de la CIJ antes de que ésta pueda decidir sobre controversias.10 El mero hecho de que el objeto de una controversia se refiera a derechos y obligaciones erga omnes no daría a la CIJ competencia para conocer de dicha controversia.11 Del mismo modo, el hecho de que una controversia se refiera al cumplimiento de una norma de ius cogens, no puede, por sí mismo, constituir una base para la competencia de la CIJ para conocer de dicha controversia.12
Además, a pesar de la naturaleza de ius cogens de la prohibición del genocidio y de las obligaciones erga omnes que se derivan de ella, las reservas a la Convención sobre el Genocidio no están prohibidas.13 Las reservas al artículo IX, que se refiere a la competencia de la CIJ, son aceptables ya que no afectan a las obligaciones sustantivas y, en cambio, excluyen un método particular de solución de una controversia. Por lo tanto, dichas reservas no son incompatibles con el objeto y el fin de la Convención sobre el Genocidio.14
Las obligaciones sustantivas derivadas de los artículos I y III no están limitadas por el territorio. Los Estados deben prevenir y no cometer actos de genocidio dondequiera que puedan hacer frente a tales actos.15
I.1 La violencia sexual en el marco de la Convención sobre el Genocidio🔗
La CIJ ha reconocido que la violencia sexual puede constituir actos de genocidio si va acompañada de una intención específica de destruir al grupo protegido. 16
Para calificar un delito de genocidio, el autor debe cometer uno de los actos enumerados en el artículo II y haberlo llevado a cabo con la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Estos dos elementos distintivos se denominan actus reus (es decir, el acto delictivo en sí) y mens rea (es decir, la intención que subyace al acto).
La violación y otros actos de violencia sexual pueden constituir el actus reus del genocidio cuando causan graves daños físicos o mentales a miembros de un grupo protegido,17 y son considerados genocidio cuando se cometen con la intención requerida.18
En Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, la CIJ citó con aprobación:
- El caso Akayesu del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en el que se afirma que la violación y la violencia sexual constituyen la perpetración de daños corporales y mentales graves contra las víctimas/supervivientes, y son una de las peores formas de infligir daño sobre la víctima/superviviente, ya que la víctima sufre tanto daños físicos como mentales;19 y
- La jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), que reconoce que causar daños corporales y mentales graves incluye «actos de tortura, tratos inhumanos o degradantes, violencia sexual, incluida la violación, interrogatorios combinados con palizas, amenazas de muerte y daños que perjudiquen la salud o causen desfiguración o lesiones». 20
En el presente caso, el grupo protegido había sido sometido sistemáticamente a malos tratos masivos, palizas, violaciones y torturas que causaron graves daños corporales y mentales, durante el conflicto y, en particular, en los campos de detención: esto equivalía a un actus reus de genocidio, a saber, «causar graves daños corporales o mentales a los miembros del grupo».21 Sin embargo, la CIJ no pudo establecer, basándose en las pruebas, que esas atrocidades se hubieran cometido con la intención específica de destruir total o parcialmente al grupo protegido, condición necesaria para constituir genocidio.22
En el caso de Croacia contra Serbia, la CIJ declaró que la violación y otros actos de violencia sexual también incluye:
- La imposición deliberada al grupo protegido de condiciones de vida destinadas a su destrucción física, total o parcial;23 y
- Medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo. 24
El carácter sistemático de tales actos debe tenerse en cuenta para determinar si pueden constituir el actus reus del genocidio. Además, en el caso de los actos destinados a impedir los nacimientos, las circunstancias de su comisión y sus consecuencias deben afectar a la capacidad del grupo para procrear.25
Nota para los lectores
Todas las obligaciones relativas a la prevención y el castigo del genocidio, enumeradas en este subcapítulo, se aplican a la VSRC que equivale al crimen de genocidio.
II. Marco jurídico🔗
Nota para los lectores
Para una explicación de los poderes de la CIJ y el carácter vinculante de su jurisprudencia, consulte el capítulo "Ratificación y aplicación de los tratados", subsección "Corte Internacional de Justicia".
III. Obligaciones🔗
Prevención🔗
III.1 Los Estados deben adoptar medidas legislativas y de otro tipo para prevenir la VSRC🔗
En virtud del artículo I, los Estados Partes se comprometen a prevenir el delito de genocidio. El artículo I subraya la “estrecha relación entre la prevención y la imposición de sanciones y castigo «:26 «Una de las formas más eficaces de prevenir los actos criminales» es que los Estados establezcan sanciones y las apliquen de manera efectiva a los autores.27 La obligación de prevenir es diferente de la obligación de castigar.28
La obligación de prevenir el genocidio es una obligación de comportamiento y no de resultado. Los Estados no están obligados a prevenir con éxito el genocidio.29 Más bien, los Estados deben emplear todos los medios de que razonablemente disponen, con la finalidad de prevenir el genocidio en la medida de lo posible.30 Los Estados sólo incurren en responsabilidad cuando manifiestamente omitieron tomar todas las medidas que estaban en su poder.31 El argumento de que un genocidio no podría haberse evitado, aunque un Estado hubiera empleado todos los medios de que razonablemente disponen, es irrelevante para la cuestión de si ese Estado incumplió su obligación de prevenir el genocidio.32
Al evaluar si un Estado tomó todas las medidas razonablemente disponibles, la CIJ ha identificado como relevante la capacidad del Estado para influir eficazmente en la acción de los autores posibles o reales. Esta capacidad puede depender de la distancia geográfica de un Estado al lugar de los hechos y de la solidez de los vínculos políticos y de otro tipo entre las autoridades de ese Estado y los autores.33 Los Estados Partes no pueden prescindir de la obligación de prevenir el genocidio pidiendo a las Naciones Unidas (ONU) que adopten medidas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para la prevención y represión de cualquiera de los actos enumerados en el artículo III.34
Por último, la CIJ ha aclarado que un Estado sólo puede ser considerado responsable del incumplimiento de la obligación de prevenir cualquiera de los actos enumerados en el artículo III en los casos en que se haya perpetrado un genocidio.35 Esto no significa que la obligación de prevenir el genocidio sólo se aplique «cuando comienza la perpetración del genocidio». Los Estados deben prevenir o tratar de prevenir la comisión de genocidio cuando tengan conocimiento o normalmente deberían haber tenido conocimiento de la existencia de riesgos graves de que se cometa cualquiera de los actos enumerados en el artículo III. 36
III.2 Los Estados no deben cometer VSRC🔗
En virtud de la prohibición del genocidio y otros actos establecida en el artículo III y de la obligación de prevenir el genocidio establecida en el artículo I, los Estados tienen la obligación de abstenerse de cometer los actos prohibidos a través de sus propios órganos o mediante personas cuya conducta atribuirse al Estado. 37
Complicidad de los Estados en el genocidio. La obligación de no cometer genocidio exige que los Estados no deben respaldar a los perpetradores de actos de genocidio. De lo contrario, los Estados pueden ser considerados cómplices y responsables de genocidio.38
Para ser considerado cómplice, un Estado debe tomar medidas para prestar ayuda o asistencia a sus autores.39 El Estado puede ser responsable de complicidad en genocidio si al menos sus órganos eran conscientes de que se iba a cometer o se estaba cometiendo un genocidio, y si la ayuda y la asistencia prestadas, desde el momento en que las autoridades tuvieron conocimiento de ello, permitieron o facilitaron que los autores cometieran actos de genocidio.40 El Estado debe haber prestado apoyo para perpetrar el genocidio con pleno conocimiento de los hechos.41
Nota para los lectores
Si, para ser cómplices de genocidio, los Estados deben compartir con los autores la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido es una cuestión jurídica abierta, ya que la CIJ se negó a abordar este asunto en el caso Croacia contra Serbia.
Justicia y responsabilidad🔗
III.3 Los Estados deben castigar la VSRC🔗
Los Estados no deben permitir la impunidad de quienes cometan genocidio:42 Los Estados deben castigar a los autores de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo III, ya sean gobernantes, funcionarios públicos o particulares.43 Los Estados también deben prever penas efectivas para los autores de genocidio en su derecho interno.44
En virtud del artículo VI, sólo un Estado en cuyo territorio se haya cometido alguno de los actos enumerados en el artículo III debe enjuiciar a los autores ante un tribunal competente de ese Estado. Alternativamente, los autores deben ser juzgados por un tribunal penal internacional cuya jurisdicción hayan aceptado los Estados Partes.45 Aunque el artículo VI no prohíbe a otros Estados enjuiciar cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, no tienen la obligación de hacerlo.46
A falta de enjuiciamiento interno, los Estados Partes deben cooperar con el tribunal penal internacional cuya jurisdicción hayan aceptado.47 Los Estados deben detener a las personas acusadas de genocidio que se encuentren en su territorio -aunque el delito se haya cometido fuera del Estado- y entregarlas para que sean juzgadas por el tribunal internacional competente. 48
La noción de «tribunal penal internacional» abarca todos los tribunales penales internacionales creados tras la adopción del Convenio sobre Genocidio de alcance potencialmente universal y competentes para juzgar cualquiera de los actos enumerados en el artículo III.49 En Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, la CIJ consideró que Serbia había incumplido su deber de cooperar plenamente con el TPIY y que este incumplimiento constituía una violación de sus deberes como Miembro de la ONU y de sus obligaciones en virtud del artículo VI de la Convención sobre el Genocidio.50
La responsabilidad del Estado puede surgir en virtud del Convenio sobre genocidio por cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, aunque no se haya condenado a ningún individuo. Este puede ser el caso cuando los dirigentes de un Estado han cometido presuntamente genocidio, pero no han sido juzgados porque, por ejemplo, siguen controlando los poderes del Estado, incluida la policía, la fiscalía y los tribunales, y no existe un tribunal penal internacional capaz de juzgar los presuntos crímenes; «o el Estado responsable puede haber reconocido la infracción».51
Atribución a los Estados del genocidio cometido por actores privados. Si bien la cuestión de la atribución a los Estados del genocidio cometido por actores privados y las normas consuetudinarias que rigen la responsabilidad de los Estados queda fuera del ámbito de la Guía, en términos generales, el hecho de que los Estados puedan incurrir en responsabilidad internacional por genocidio cometido por actores privados depende de tres cuestiones:52
- En primer lugar, la cuestión de si los actos de genocidio pueden atribuirse a un Estado debe determinarse con arreglo a las normas del derecho internacional consuetudinario sobre la responsabilidad del Estado. Los actos deben haber sido cometidos por personas u órganos cuya conducta sea atribuible al Estado;53
- En segundo lugar, si los actos prohibidos en virtud del artículo III, distintos del genocidio mismo, fueron cometidos por personas u órganos cuya conducta es atribuible a un Estado debe determinarse con arreglo a esas mismas normas;54
- Por último, debe determinarse si un Estado cumplió sus obligaciones de prevenir y sancionar el genocidio en virtud del artículo I. La cuestión de si un Estado ha cumplido sus obligaciones de prevenir y sancionar el genocidio sólo se plantea si la respuesta a las dos primeras preguntas es negativa.55
Estas tres cuestiones deben abordarse en el orden expuesto, porque están tan interrelacionadas que la respuesta sobre un punto puede afectar a la relevancia o importancia de los demás.56
III.4 Los Estados pueden extraditar a los autores de la VSRC🔗
En virtud del artículo VII, los Estados no deben considerar ninguno de los actos enumerados en el artículo III como delitos políticos a efectos de extradición, y los Estados se comprometen en tales casos a conceder la extradición. 57
Estudio de un caso: Hasta ahora, no se ha presentado ante la CIJ un caso basado únicamente en el artículo VII. Sin embargo, en el caso de Bélgica contra Senegal, la Corte tuvo la oportunidad de analizar una disposición similar: el artículo 7 de la Convención contra la Tortura (CCT), que declara que el Estado Parte en cuyo territorio se encuentre una persona que presuntamente haya cometido tortura debe procesar al presunto autor, si no lo extradita.58 La Comisión de Derecho Internacional (CDI) ha considerado que el artículo 7 puede servir de modelo para los regímenes de enjuiciamiento o extradición que regulan prohibiciones cubiertas por normas imperativas, como el genocidio.59
La CIJ declaró que, en virtud de la Convención contra la Tortura, la obligación de enjuiciar se aplica normalmente después de que el Estado haya tipificado la tortura como delito, permitido a sus tribunales juzgar el asunto e investigado los hechos.60
En virtud del artículo 7 de la Convención contra la Tortura, un Estado debe perseguir la tortura, «independientemente de la existencia de una solicitud previa de extradición del sospechoso». Un Estado debe realizar una investigación preliminar «inmediatamente después de que el sospechoso se encuentre en su territorio». La investigación no debe necesariamente resultar en un procedimiento formal.61
Si el Estado en cuyo territorio se encuentra el sospechoso ha recibido una solicitud de extradición a otro Estado, puede eximirse de su obligación de enjuiciamiento accediendo a dicha solicitud. Sin embargo, la elección entre la extradición o el enjuiciamiento interno no significa que los Estados deban dar a las dos alternativas la misma importancia. En virtud de la Convención contra la Tortura, la extradición es una opción, mientras que el enjuiciamiento es una obligación internacional, cuya violación compromete la responsabilidad del Estado.62
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